“Tucumán, crisis de un modelo y modelo de una crisis” es el título de un célebre ensayo que el historiador Eduardo Rosenzvaig escribió tras el retorno de la democracia. La política, el sindicalismo, las masas obreras, la industria azucarera, las condiciones para una revolución que no fue durante la década infame, así como el impacto del surgimiento del peronismo, son enfocados y conjugados por el también filósofo en ese trabajo. Casi un siglo después, las circunstancias son otras. El título, sin embargo, parece imperecedero. Ayer podría haber sido posteado en algunas redes sociales precedido por la consigna: “No importa cuándo leas esto”.
La interrupción forzada del servicio urbano de pasajeros para San Miguel de Tucumán llevó “la crisis” a una instancia superior. El común de los tucumanos, normalmente, la sufren. Por ejemplo, cada vez que comprueban en el supermercado que llenar el mismo carrito demanda, mes a mes, un bolsillo más grande. Ayer, en cambio, los capitalinos fueron prisioneros de la crisis. Es decir, antes sólo había conciencia de la crisis del modelo kirchnerista, en su cuarta edición presidencial. Pero apenas comenzó el jueves se apreció que, en realidad, es un modelo para las crisis.
Cinco causas concurren para dimensionar el fracaso sistémico al que los argentinos han sido conducidos por el actual “Gobierno de Científicos”. Ese fue la definición que dio de su gestión Alberto Fernández el 1 de marzo de 2020, en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Todo un elogio de la autopercepción…
La inflación ingobernable
En la interrupción del servicio de colectivos, el elemento más notorio es que la inflación se está volviendo ingobernable. En ese camino, ayer quedó claro que ya es “ingestionable”.
Un grupo de dirigentes gremiales que vienen de perder los comicios en la UTA Tucumán motorizaron asambleas que, en la práctica, fueron tomas de las empresas de colectivos: impidieron la salida de los ómnibus. La razón invocada no es menor: los trabajadores siguen sin cobrar el medio aguinaldo.
Los empresarios responden que no pueden enfrentar esa obligación. Por un lado, plantean que las paritarias llevaron los ingresos de los choferes de $ 180.000 mensuales a $ 408.000, más viáticos. Es un aumento que excede el 120% anual. En contraste, recalcan, el valor del viaje se mantiene en $ 84 desde noviembre. Pese a que ese mes la inflación fue del 4%. En diciembre, del 5%. En enero, del 6%. En febrero, del 6,6%. En marzo, del 7,7%. En abril, del 8,4%. En mayo, del 7,8%.
Por otra parte, recuerdan que el Gobierno nacional los somete a severos retrasos en el desembolso de los subsidios al transporte. Les adeudan el 50% de abril, el 50% de mayo y la totalidad de junio. Después del fin de semana, les estarán adeudando julio, también. Las consecuencias de ello han derivado, denuncian, en la descapitalización de sus empresas. Entonces, le reclaman soluciones al Gobierno provincial y reprochan que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán no se involucra.
Finalmente, anticipan que pedirán formalmente la semana que viene al Concejo Deliberante de la Capital que aumente el valor del “boleto” urbano de pasajeros. Curiosamente, se han negado a brindar una cifra estimada. Históricamente (es decir, antes de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, quien introdujo los subsidios al transporte tras la debacle de la Alianza en 2001), el costo del boleto era de U$S 1. Equiparable a un café. Con lo cual, debería ser de unos $ 490 si fuera “dólar MEP”, más que de unos $ 270 del “dólar oficial”. En cualquier caso, impagables para el trabajador.
En todos los escenarios (la demanda salarial, la disparada de los costos laborales, el congelamiento de tarifas, la escalada de los precios de los servicios) la inflación es, a la vez, causa y consecuencia de la crisis. Y una situación que es a la vez origen y derivación de un conflicto ha devenido problema estructural. Dicho de otro modo: Thomas Khun nos enseñó que un paradigma es un universo de problemas dentro del cual se halla el universo de soluciones. Si surgen problemas que no encuentran respuesta, entonces el paradigma colapsa. Eso mismo le pasa al “modelo”.
La patria subsidiada
El segundo orden de problemas es representado por los subsidios. Los subsidios son una distorsión con la que se intenta disimular un fracaso. Es como subirse a una balanza dejando un pie en el piso: el indicador va a decir una cosa, mientras la realidad (elevada a categoría de “única verdad” por el peronismo) es cabalmente otra. El “relato”, que es una autopercepción glorificante del fracaso incontrastable del modelo kirchnerista, ha naturalizado los subsidios. El candidato del Frente que no era de Todos y ahora se llama Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció ayer un subsidio a la actividad lechera diciendo que no era un subsidio sino “una inversión del Estado”. De haberse sabido antes, miles de parejas podrían haber presentado al tercero o la tercera en discordia con el título de “ayudante matrimonial” y se ahorraban la reforma del Código Civil en materia de divorcios…
La naturalización del subsidio denuncia su cronicidad, pero solapa los múltiples niveles de distorsión a los que se ha llegado, precisamente, en materia del transporte. En primer lugar, el subsidio oculta el verdadero costo del servicio. En segundo lugar, la Nación distorsiona la mismísima política de subsidios: casi el 90% de los recursos se destinan al Área Metropolitana de Buenos Aires. Las migajas se distribuyen entre las 22 provincias restantes. En tercer lugar, demoran el pago de los subsidios, lo cual distorsiona su función: cuando se los paga con retraso, no se actualizan con intereses por mora. Es decir, el subsidio, como consecuencia de la inflación, subsidia cada vez menos. En cuarto lugar, la Provincia debe salir a cubrir esos baches, financieramente, con fondos propios. Con lo cual, hace meses que los tucumanos pagan, técnicamente, tres veces el mismo boleto: cuando suben al colectivo, cuando pagan impuestos nacionales (que financian los subsidios federales) y cuando pagan los impuestos provinciales (la recaudación termina como rueda de auxilio de un Gobierno nacional despilfarrador, que además discrimina y margina a los argentinos de este lado del Norte).
Sí en eso consisten las “inversiones del Estado” en la concepción massista, la situación económica y financiera de la Argentina se explica sola…
La privada propiedad
El tercer problema que quedó de manifiesto ayer es que la ciudad demográficamente más importante de las 10 provincias que componen el Norte Grande ayer se quedó sin transporte urbano de pasajeros por una interna sindical.
No fue la UTA la que tomó una medida de fuerza (su personería gremial la avalan para ello), sino un sector de la dirigencia, que inclusive se presentaba como “UTA disidente”. Es decir, un grupo de personas, literalmente, tomó una decena de empresas y el Estado tucumano, al respecto, no hizo nada. Legítimamente nada. Un comportamiento perfectamente coherente con un cuarto gobierno kirchnerista nacional que ha convertido la propiedad privada no en un derecho tutelado sino en una expresión de anhelo en este país. Desde el fracasado intento de expropiación de Vicentín hasta la permisiva complicidad con que se permitía a dirigentes del gremio de camioneros bloquear los accesos de fábricas en reclamo de que había personal no afiliado al sindicato.
Léase, un grupo de personas conculcó el derecho a trabajar de decenas de miles de tucumanos, el derecho a estudiar de decenas de miles de jóvenes y niños, y el derecho a la propiedad privada de decenas de empresarios tucumanos. Y el Gobierno no se dio ni por enterado.
La “fórmula” empresaria
El cuarto elemento en la perfecta tormenta de ayer es el del sector privado. Se ha planteado al principio el cuadro de situación que describen los empresarios del transporte. Ahora bien: no deja de ser llamativa la invocación de la fórmula “sólo pagamos los sueldos si antes nos pagan los subsidios”. El transporte público es un servicio esencial, sobre todo en conglomerados urbanos como el Gran San Miguel de Tucumán. Ni el Estado debería demorar sus desembolsos, ni el sector privado puede simplemente manifestar que ata el pago de sus obligaciones (y nada menos que las que derivan de la Ley de Contrato de Trabajo) a los desembolsos de un tercero. Mucho menos puede hacer este planteo todos los meses del año.
Si la única forma de trabajar es excluyentemente mediante el desembolso de fondos públicos, entonces también se han distorsionados ciertas figuras legales, porque habrá que concluir que se trata de empresas públicas gestionadas por terceros, antes que de empresas privadas.
La ciudadanía superflua
El quinto elemento, ayer, fue también el más silencioso: los usuarios del servicio. Sólo se oyó de los derechos de los trabajadores del transporte a mejores salarios; de los problemas de los empresarios por el aumento de los costos y las demoras de los subsidios; y de la “necesidad” de que aumente el valor del pasaje urbano. A los ciudadanos de a pie (más de a pie que nunca), ¿quién los escucha?
Que Tucumán ayer, imprevistamente, no tuviera servicio de transporte público es la crisis de un modelo de gestión del Estado. Que los tucumanos sean superfluos es el modelo por antonomasia de todas las crisis.